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Coimas en Aduanas: allanan vivienda vinculada a una importante funcionaria provincial

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Se realizaron múltiples allanamientos en la ciudad de Posadas. La Jueza Skanata apunta a una presunta organización dedicada a facilitar el paso irregular de mercadería por el Puente Internacional Roque González de Santa Cruz.

Esta mañana, en el marco de una investigación por presuntas coimas y contrabando en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, se realizaron más de 30 allanamientos en la ciudad de Posadas por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, a cargo de la jueza María Verónica Skanata.

La causa, que lleva cerca de dos años de investigación, apunta a una presunta organización dedicada a facilitar el paso irregular de mercadería y divisas a través del paso fronterizo. Según se informó, hay al menos 46 personas bajo investigación, entre ellas 24 efectivos de Gendarmería Nacional y 22 agentes de Aduana.

De acuerdo a la documentación judicial a la que accedió este medio, los procedimientos incluyeron la requisa personal y el secuestro de teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, además del registro de vehículos particulares.

En ese contexto, y según pudo reconstruir este diario a partir del análisis de la orden de allanamiento y fuentes vinculadas a la investigación, uno de los domicilios allanados pertenecería a la Presidente de Energía de Misiones, Virginia Kluka.

En el listado de personas incluidas en la medida judicial figura un hombre identificado como Walter Rubén M., alias “Cucacho”, quien sería una de las personas bajo investigación. De acuerdo a distintas fuentes, el mismo sería el esposo de la funcionaria.

Este medio tuvo acceso a imágenes de los procedimientos, aunque decidió no publicarlas con el objetivo de preservar la ubicación de los domicilios y resguardar el desarrollo de la investigación.

La causa investiga el delito de cohecho pasivo, previsto en el artículo 256 del Código Penal Argentino, que sanciona a los funcionarios públicos que reciban dinero o dádivas a cambio de realizar, demorar u omitir actos propios de sus funciones.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

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