Por Aryhatne Bahr (*)
El caso Kiczka en Misiones ha vuelto a poner en el centro del debate la urgencia de denunciar delitos como el acoso virtual, el grooming y la posesión de material de abuso sexual infantil (MASI). Esta situación no solo expone la gravedad del delito en sí, sino que también demuestra cómo una denuncia puede ser la punta del iceberg para destapar redes de explotación y abuso que operan en el anonimato digital.
Las redes sociales han transformado la manera en que las personas interactúan, pero también se han convertido en herramientas peligrosas para quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la tecnología que utilizan los delincuentes es, al mismo tiempo, su mayor debilidad. Los videos, las imágenes y los registros digitales no mienten. La evidencia queda almacenada y, con la intervención adecuada, puede ser la clave para llegar a la verdad. El celular es más que un dispositivo: es una extensión de la identidad de quien lo usa y una prueba irrefutable en la investigación de delitos como este.
El caso Kiczka es un recordatorio de que cada sospecha, cada indicio y cada señal de alarma pueden marcar la diferencia. En el mundo, han sido cientos los casos de pedofilia y abuso que se descubrieron gracias a la valentía de quienes decidieron hablar. La denuncia es una herramienta fundamental para romper el silencio y evitar que más víctimas caigan en las redes del abuso. No se trata solo de justicia, sino de prevención y protección de los más vulnerables.
La provincia de Misiones, ante la aberrante novedad del caso Kiczka y la urgente necesidad de blindar la protección de la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, marcó una vez más el camino a seguir ante este tipo de delitos, con una sucesión de respuestas institucionales como la sanción de la ley que creó la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos y el proceso de selección del nuevo fiscal, el Dr. Juan Pablo Espeche, conforme a todos las instancias y los plazos que marca la Constitución de la provincia.
Al amparo de estas herramientas, como sociedad tenemos la responsabilidad de no ignorar las señales, de educarnos sobre los peligros del entorno digital y de promover espacios seguros para que las víctimas puedan hablar sin miedo. La pedofilia y el abuso sexual infantil son crímenes que deben ser enfrentados con firmeza y sin tolerancia. La denuncia es el primer paso para que la verdad salga a la luz y para que estos delitos no queden impunes.
(*) Abogada. Diplomada en Ciberdelincuencia y tecnología aplicada a la investigación. Magistrando en Derecho Laboral.
